ÁLVARO SÁNCHEZ LEÓN

Hay una violencia que rompe escaparates, quema contenedores, insulta, amenaza o agrede. Hace daño. Y ruido. Deja imágenes que llegan puntualmente al telediario.

Hay otra violencia que ni quema ni grita. Convoca reuniones. Constituye comisiones. Emite comunicados. Declara que sigue la situación con enorme preocupación y pide calma. La calma es algo que siempre pedimos a los demás.

La RAE define la violencia, entre otras acepciones, como la “acción y efecto de violentar o violentarse”. Pero el diccionario se queda corto para explicar una forma de violencia política mucho menos visible: la que puede ejercer el poder cuando no actúa, deja que un problema se enquiste y obliga a otros a convivir con sus consecuencias.

Lo ocurrido estos días en Ceuta obliga a condenar sin matices los episodios violentos que se han producido. Una democracia no puede admitir que la indignación termine en agresiones, amenazas, incendios o ataques contra inmigrantes, periodistas, policías o cualquier ciudadano. Punto. Pero poner el punto demasiado pronto también puede convertirse en una forma de no querer entender nada. Porque antes de preguntarnos por qué una sociedad estalla conviene preguntarse cuánto tiempo llevaba calentándose.

El propio Estado ha reconocido oficialmente que las entradas irregulares de finales de julio provocaron una presión inédita sobre la ciudad autónoma, afectando al funcionamiento ordinario de servicios sociales, protección de menores, seguridad, transporte y gestión administrativa. Casi un mes después, el Gobierno declaró la situación de interés para la seguridad nacional.

En medio de esa pasividad institucional hay muchos “mientras”. Mientras, la gente sigue viviendo allí. Mientras, los problemas crecen. Mientras, las administraciones discuten competencias. Mientras, los vecinos soportan las consecuencias de un problema que no han creado.

La solución tarda. El relato llega puntual. Puede retrasarse una decisión. Puede omitirse una respuesta. Puede burocratizarse una emergencia. Puede dejarse que un problema se enquiste. Y entonces sucede algo políticamente extraordinario: quien lleva semanas padeciendo un problema termina recibiendo una explicación institucional sobre cómo debe reaccionar ante el problema. Es la versión administrativa del camarero que tarda una hora en servirte la cena y, cuando preguntas por ella, te pide que moderes el tono.

José Ortega y Gasset dejó escrita una frase incómodamente actual: “El estatismo es la forma superior que toman la violencia y la acción directa constituidas en norma”. Ortega no hablaba de Ceuta. Ni de inmigración. Ni del Gobierno actual. Pensaba en alto en algo bastante más profundo: del gigantesco poder adquirido por el Estado moderno y del peligro de que esa maquinaria termine imponiéndose sobre la propia sociedad a la que debía servir.

Gobernar es difícil y existen problemas que carecen de soluciones inmediatas. La inmigración irregular es uno de ellos. La violencia comienza cuando la incapacidad para resolver deja de reconocerse como incapacidad y empieza a presentarse como superioridad moral. Cuando quien pregunta molesta. Cuando al que protesta se le despacha como xenófobo. Cuando la crítica se etiqueta antes de contestarse. Cuando el ciudadano deja de ser alguien a quien explicar una decisión y pasa a ser alguien cuya reacción hay que gestionar.

Comunicación o munición

Entonces la comunicación institucional deja de ser comunicación y se convierte en munición. Palabras. Argumentarios. Comparecencias. Etiquetas. En una democracia, el Gobierno dispone del mayor altavoz del país. Frente al ciudadano que protesta está toda la potencia simbólica del Estado. Por eso gobernar no consiste únicamente en tener razón. Consiste también en llegar a tiempo.

Ceuta necesita seguridad, humanidad con quienes llegan, respeto escrupuloso a la ley, cooperación con Marruecos y medios. Necesita expulsar a quien legalmente deba ser expulsado, proteger a quien deba ser protegido y distinguir una cosa de la otra sin convertir cada decisión en una batalla ideológica.

Pero necesita algo todavía más elemental: que nadie le explique desde lejos que lo que está viviendo no es exactamente lo que está viviendo. Porque existe una violencia de baja intensidad que no incendia las calles, pero incendia lentamente la confianza.

Consiste en dejar que el problema se enquiste y sorprenderse después porque duele. En abandonar el terreno y escandalizarse cuando alguien ocupa el vacío. En confundir explicación con propaganda. Y en pedir serenidad a quienes llevan semanas esperando decisiones.

Ortega definió la nación como un “proyecto sugestivo de vida en común”. Un país no conserva sus fronteras únicamente con policías, leyes y acuerdos internacionales. También las conserva convenciendo a quienes viven en ellas de que el Estado está detrás.

Ceuta no necesita que España le diga constantemente que es española. Necesita comprobarlo. Eso, en política, se llama gobernar.